Exclusivo: este es el proyecto de Ley de Semillas que el macrismo impulsa para regular el negocio de la soja y promover más transgénicos

El marco acota el uso propio para los grandes productores y fija pagos adicionales durante al menos tres campañas. Otorga al INASE la potestad para hacer controles compulsivos. Permisos especiales a agricultores familiares y pueblos originarios.

Por Patricio Eleisegui
@Eleisegui

Tras sufrir críticas y embates de todos los sectores, finalmente Cambiemos dio el paso y se prepara para tratar en el Congreso su proyecto para modificar la actual Ley de Semillas.

La iniciativa, a cuyo detalle tuve acceso en exclusiva, hace eco de los requerimientos de los desarrolladores de soja, maíz y algodón modificados genéticamente de acotar el uso propio que hace el grueso de los productores de aquello que cosechan.

En esa dirección, el eventual marco fija que el chacarero deberá abonar adicionales en concepto de propiedad intelectual durante tres campañas si mantiene la misma superficie de siembra.

Ya en una cuarta campaña, de no superar el número de hectáreas, quedará exceptuado de ese pago. Si ocurre lo contrario, también desembolsará pesos extra por la ampliación de su cultivo.

Esta pauta regirá para los grandes del sector: el texto que lleva la firma de Ricardo Buryaile, Ministro de Agroindustria, y Marcos Peña, Jefe de Gabinete, especifica que los adicionales comprenderán a aquellos actores que posean "una facturación anual mayor a TRES (3) veces el monto correspondiente a la categoría más alta del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes...".

En concreto, la norma que llegó a mis manos dice que se exceptuará de estos pagos a quienes facturen menos de $1,8 millones al año, al tiempo que también posibilitará el uso propio irrestricto a los pueblos originarios y quienes promuevan la agricultura familiar. Estos últimos deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF).

Para los desarrolladores de transgénicos queda establecido que la única manera de recaudar será a través de, precisamente, la comercialización de semillas.

Este punto busca desterrar lo ocurrido hasta principios de este año con Monsanto, que de manera compulsiva implementó a partir de mediados de 2015 un control en puertos de la soja a exportar a fin de detectar cosechas cuya genética no había sido abonada a la multinacional estadounidense.

Una vez que la compañía daba con un cargamento dotado con su desarrollo que no había sido adquirido a su representación local, procedía a aplicar al productor una multa de 9,6 dólares por tonelada.

Poder de policía
A tono con este aspecto, la modificación a la Ley de Semillas otorgará al Instituto Nacional de Semillas (INASE) la potestad para verificar en cualquier lugar la legalidad de todo lo que se siembre.

En concreto, el Gobierno asumirá el rol de policía y podrá ingresar en los lotes o revisar los cargamentos de exportación a fin de fiscalizar el origen de los cultivos. De esta forma, ejercerá el monitoreo que en su momento implementó Monsanto.

Un aspecto sobre el que nada dice el texto, y que encenderá más de una voz crítica, corresponde a la posibilidad de disponer de semillas que no necesariamente sean originadas mediante modificación genética.

El proyecto omite cualquier comentario respecto de la posibilidad de que los productores cuenten con una base sólida de semillas sin "copyright" en caso de no querer sembrar transgénicos.

De esta forma, el macrismo da por hecho que toda la agroindustria está atada a la utilización de estos productos y alista un requerimiento legal acorde a las demandas de quienes hoy desarrollan en laboratorios nuevas variedades de soja, maíz, algodón y, desde el año pasado, papa.

Según el proyecto, la necesidad de impulsar esta modificación surge a partir de que la ley vigente (20.247, de 1973) "no contempla las nuevas realidades productivas, los avances tecnológicos que se han producido en el campo de la investigación y producción de semillas, las nuevas formas organizativas y sociales con respecto a la actividad agrícola, la diversificación de cultivos, ni el corrimiento de la frontera agrícola como consecuencia del mejoramiento genético".

"... se ha estimado necesario considerar el rol de cada uno de los actores de la cadena agrícola en el nuevo escenario productivo y encontrar un justo equilibrio entre los intereses de todos y fortaleciendo al Estado en su rol de representante del interés general frente a eventuales situaciones que pongan en riesgo dicho interés, como garante y contralor del sistema previsto", argumenta el texto.

Para Cambiemos, las modalidades de cobro que ahora comenzarían a contemplarse resultan "necesarias" para "evitar distorsiones en la cadena de comercialización".

A continuación, comparto el proyecto de ley completo:



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Patricio Eleisegui
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