A pedir de Bayer y Monsanto: obtuvo dictamen y entró en cuenta regresiva la aprobación de una Ley de Semillas que privatiza el control del insumo


La iniciativa acota el uso libre y gratuito de las semillas tal como lo establece el marco vigente. Además, reconoce potestad absoluta de las compañías que desarrollan transgénicos sobre las especies manipuladas genéticamente

Por Patricio Eleisegui
Twitter: @Eleisegui



Sin tratamiento previo del proyecto ahora dado a conocer, y ante la dura oposición de colectivos sociales y productores pequeños y medianos, el Gobierno puso primera y se alzó con el aval para tratar en recinto la modificación a la actual Ley de Semillas.

El marco en cuestión, exigido mayormente por la dupla Bayer-Monsanto dado su monopolio en el desarrollo de variedades de soja modificada genéticamente, establece la privatización del insumo a partir de aspectos como la limitación del denominado “derecho de uso propio”. Este último es un ítem clave en la normativa vigente, sancionada en 1973.

En concreto, el “derecho de uso propio” permite al agricultor volver a sembrar el resultado de sus cosechas o el sobrante de la campaña.

La ley, que buscará su aprobación en Cámara de Diputados el miércoles de la próxima semana, establece el abono de regalías por la “reutilización” del producto, además del pago de “derechos de propiedad intelectual” con la compra de las semillas. De esta forma, el insumo queda gravado de un “copyright” hasta ahora no contemplado en la legislación.

En simultáneo, y lo que resulta polémico a los ojos de los productores de menor calibre, la ley a tratar considera que la modificación que hacen Bayer-Monsanto a las semillas a través de biotecnología es argumento suficiente para considerar a las corporaciones dueñas absolutas de estas especies.

“Es la frutilla del postre que se inició en los años 90 con la irrupción de la soja transgénica. Esto que ocurre ahora viene a cerrar el capítulo de aquellos años. Implica privatizar el sistema agropecuario argentino. Si esto se aprueba luego en el recinto, bueno, será muy difícil desarmar este andamiaje legal en los próximos años”, advirtió Enrique Viale, abogado ambientalista.

Varios escalones por encima de multinacionales como Syngenta, Bayer y Monsanto concentran el dominio a nivel nacional de las semillas manipuladas para resistir agrotóxicos en lo que hace a soja –a través de las variedades RR e Intacta–, maíz –Mon 810 y NK603– o algodón –Mon 1445 y Mon 531–. Las compañías aguardan por una legislación que les garantice el cobro asegurado de regalías para el lanzamiento de una amplia batería de nuevos transgénicos.

“Más allá de otros detalles, lo más relevante es que la ley nueva acotará el uso propio, libre y gratuito, de las semillas. La legislación vigente habilita justamente esta libertad, permite sembrar sin estar pagando regalías todo el tiempo. Si esto se aprueba, los productores ya no podrán contar con esa opción y deberán pagar cada vez que usen la semilla”, dijo Tamara Perelmuter, investigadora del CONICET.

Poder de policía
Con vistas a resultar aprobada de forma completa antes de fin de año, la normativa otorga poder de policía al Instituto Nacional de Semillas (INASE), el cual ante el pedido de las compañías que consideren vulnerados sus “derechos de propiedad intelectual” tendrá “acceso a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar en que se encuentre…”.

El texto del proyecto que acaba de obtener dictamen, y al que este periodista pudo acceder en las últimas horas, anticipa además que el INASE “podrá disponer la toma de muestras en cualquier etapa de la cadena de producción para determinar analíticamente la variedad utilizada y cualquier otro parámetro que resulta de interés a los fines de esta ley”.

La iniciativa incorpora figuras a tono con la consideración de la semilla como “material vegetal” antes que una vida.

De esa forma, establece categorías como “Creación fitogenética” para definir a los transgénicos, “Obtentor” para los privados que manipulan el ADN de estas especies, “Evento” –la modificación genética en sí misma–, y “Biotecnología” –la técnica de manipulación de ADN utilizada–, entre otras.

Esta variación en la normativa que propone el texto viene a desactivar los reclamos de compañías que en más de una oportunidad han expuesto públicamente la decisión de no lanzar determinadas semillas hasta tanto se garantice el cobro de regalías.

Monsanto sostiene esa queja incluso desde los tiempos de Néstor Kirchner al frente del Ejecutivo nacional. A ese malestar se le sumaron, en los últimos años, incluso compañías de “ADN” local como Bioceres.

En mayo de 2016, la multinacional ahora propiedad de Bayer presionó para que los ruralistas paguen regalías por el “desarrollo e innovación” incluidos en sus semillas. En paralelo, exigió que el Gobierno le permita un sistema de cobros de "peaje" en los puertos de embarque de soja.

Como bien expuso este medio en ese momento, Monsanto apeló a los oficios de la embajada estadounidense en Buenos Aires para que ejerza presión sobre la administración macrista.

A la par, y a modo de medida “disciplinadora”, la firma suspendió la presentación de su variedad transgénica Xtend, una soja modificada para resistir a los herbicidas glifosato y dicamba.

Una exigencia longeva
Como ya se dijo, el dúo Bayer-Monsanto predomina en toda la tecnología aplicada a la soja que hoy se vende en la Argentina. Las variedades modificadas llegan a los productores a través de las semillas que luego desarrollan compañías como Don Mario y Nidera.

Monsanto introdujo su primera oleaginosa transgénica en 1996. Lo hizo a través del evento RR -"Roundup Ready"- que incorpora resistencia al glifosato, el herbicida por el cual ahora la compañía sufre demandas millonarias a partir de la probada condición de cancerígeno que ostenta el producto.

A partir del 2000, y luego de seducir a todo el sector rural con productos genéticamente modificados, Monsanto se focalizó en la obtención de beneficios por la biotecnología aplicada a los cultivos.

Sin embargo, cuando Monsanto quiso exigir pagos por estas modificaciones, fue demasiado tarde: nunca se le reconoció la patente de la RR en la Argentina y de ahí que no pudo alzarse con regalías derivadas de su producto.

A modo de compensación, la firma orientó su negocio a la comercialización de pesticidas, lo cual le garantiza hasta hoy ganancias multimillonarias.

En instancias previas al lanzamiento comercial de otro producto -en este caso Intacta-, la firma no quiso volver a pasar por la experiencia que transitara en los años 90. Es por eso que, ya en 2014, comenzó a ajustar los controles de las exportaciones con el propósito de erradicar la “piratería” de su nueva genética.

Mientras tanto, la compañía nunca dejó de presionar por un marco que le garantice cobros por propiedad intelectual.

Ahora, garantizado el dictamen de comisión y con el recinto a la vista para antes de que concluya el año, esa sola corporación que integran Bayer-Monsanto inicia el camino hacia la obtención de un blindaje legislativo largamente reclamado.




Artículo publicado en iProfesional.com

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