De Ferroexpreso a Atanor: las empresas y su impunidad detrás de los vertidos, explosiones y enterramientos de agrotóxicos


 

La decisión de La Pampa de sólo multar a la firma ferroviaria expone el blindaje del que gozan quienes usan venenos. Los casos de Glencore y Sigma Agro.

 


Por Patricio Eleisegui

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La decisión de la gobernación de La Pampa de aplicarle una multa de apenas 27 millones de pesos a la firma Ferroexpreso Pampeano, hallada culpable de enterrar más de 400 bidones de agrotóxicos -algunos incluso llenos- en cercanías de la localidad de Ojeda, vuelve a poner en evidencia el régimen de sanciones laxo, prácticamente simbólico, vigente para quienes en la Argentina de hoy ejecutan actos de contaminación con plaguicidas.

"Esta no es la primera vez que la empresa actúa de manera dolosa, ya que en dos oportunidades anteriores había sido sancionada por ilegalidades referidas a la misma temática", informaron autoridades de La Pampa a través de la Agencia Provincia de Noticias (APN).

"La gravedad de la conducta realizada por Ferroexpreso Pampeano S.A.C. al enterrar bidones y envases de fitosanitarios en el ejido de Vértiz, la mayoría de ellos ya abiertos y usados y otros incluso llenos o con gran cantidad de fitosanitarios en su interior, configura una conducta en extremo grave que atenta real y potencialmente contra la salud humana y ambiental", se añadió.

A un costado del comunicado brota la inacción oficial para, directamente, activar la quita de concesión ante una conducta ilegal que la empresa no deja de repetir. La compañía ferroviaria recibió, previo a esta última sanción, una multa de apenas 40.000 pesos tras comprobarse, a principios de octubre de 2019, que pulverizó con agrotóxicos a escasos metros de sendas escuelas de Intendente Alvear, siempre en La Pampa.

Ese mismo mes y año, personal policial provincial allanó un predio de Ferroexpreso Pampeano en General Pico y secuestró la carga de un camión que, se probó, solía transportar agrotóxicos por la zona urbana de esa ciudad. Las autoridades apenas se limitaron a labrar actas de infracción.

“En General Pico las vías atraviesan la ciudad. La empresa fumigaba todas las vías con un cóctel de al menos dos agroquímicos. Tenía hasta el depósito de plaguicidas dentro del ejido urbano siendo que eso está prohibido en la provincia”, contó a este periodista uno de los vecinos del lugar.

La misma Ferroexpreso Pampeano protagonizó otro hecho de acopio ilegal de agrotóxicos en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires. Se constató en agosto de 2016 y la oposición política del distrito expuso, en ese momento, que la Municipalidad local dio tiempo a la compañía para que traslade buena parte de los envases antes de “blanquear” el ilícito. 

En esa ciudad también está prohibido el almacenamiento de ese tipo de venenos dentro del ejido urbano de acuerdo a ordenanzas vigentes (3965/2013).


Otra compañía con extenso historial de contaminación es Atanor, que concretó vertidos de herbicidas e insecticidas -en concreto, atrazina, cipermetrina, trifluralina y los metabolitos de su degradación- en torno a su planta en San Nicolás. 

Un monitoreo reciente llevado a cabo por orden de la Policía Federal confirmó la presencia de plaguicidas en suelo y agua. Sobre la compañía pesa una causa que lleva adelante el juez Carlos Villafuerte Ruzo.

Atanor acumula años de denuncias llevadas a cabo por habitantes de San Nicolás y organizaciones ambientalistas locales y de alcance nacional.

La formuladora de agrotóxicos ha sido expuesta como responsable de sucesivos escapes de gas, vertidos de efluentes líquidos contaminantes al río Paraná sin autorización, tendido de caños clandestinos, enterramientos de residuos tóxicos en zonas de barrancas, riego con sobrante de líquidos contaminantes, además de deficiencias edilicias y tecnológicas.

Ya en 2016 la Autoridad Nacional del Agua certificó que la empresa carecía de permisos para descartar líquidos en el Paraná. En el último tramo de ese año, las instalaciones de la firma sufrieron una explosión seguida de incendio justamente en una de las áreas de almacenamiento de recipientes de agrotóxicos.

La Justicia también investiga a Atanor por su responsabilidad en la contaminación del barrio Química, ubicado a menos de 300 metros de la planta, y cuyos habitantes padecen una auténtica epidemia de cáncer, enfermedades respiratorias, y afecciones neurológicas, entre otros males.


En 2014 y 2017, dos camiones de la compañía en cuestión volcaron en rutas de la provincia de Santa Fe dando lugar, en cada uno de los casos, a derrames de herbicidas cancerígenos como el glifosato y el 2,4-D. 

Sólo la contaminación generada en el primer caso fue atendida: se la remedió con partidas enviadas por la cartera nacional de Ambiente -alrededor de 300.000 pesos-. La empresa salió exenta de cualquier responsabilidad en ambas situaciones.

Glencore en América

El 4 de noviembre de 2017, día sábado, el fuego consumió uno de los depósitos de agrotóxicos de la multinacional Glencore en América, municipio de Rivadavia, al oeste de la provincia de Buenos Aires. La empresa reconoció varias jornadas después que ardieron pallets del herbicida atrazina.

“Bolsas de polipropileno rápidamente generaron una gran nube negra que podía ser vista a distancia. Minutos luego de detectado el incendio llegaron 5 dotaciones con 65 bomberos voluntarios de América, General Villegas, Trenque Lauquen, González Moreno y Fortín Olavarría”, informó la empresa vía un comunicado emitido casi una semana después de ocurrido el desastre.

"Mientras los bomberos trabajaban arduamente en la extinción del incendio, el mismo logró propagarse al depósito de agroquímicos”, reconoció en uno de los párrafos. Los vecinos denunciaron irritación inmediata y problemas respiratorios.

“Desde la Municipalidad de Rivadavia se pidió a la población no ventilar sus hogares ni exponerse al contacto directo con el humo. Y en caso de ser necesario, a fin de evitar el contacto, recomendaron autoevacuarse a la casa de un familiar”, publicaba a escasos minutos de iniciado el incendio el portal local Tiempo del Oeste.

En el transcurso de esa misma jornada, las autoridades sanitarias del distrito sumaron al glifosato a la nómina de agrotóxicos en llamas, además de la atrazina luego notificada por Glencore.


El evento redundó en una causa penal en la que se investigó un eventual delito ambiental. El movimiento judicial duró poco más de un año: en septiembre de 2018, y tras una serie de idas y vueltas entre el Juzgado de Garantías N°1 y la Fiscalía N°1 de Trenque Lauquen, la causa resultó archivada.

“De momento, no se encuentra acreditado, si quiera mínimamente, la existencia de un delito que amerite la intervención de la justicia punitiva”, declaraba en abril de ese año Andrea Marques, magistrada del juzgado antes referido. En América, partido de Rivadavia, no pasó nada.

Sigma Agro en Mercedes

Más reciente en el tiempo, el 27 de septiembre de 2020 tuvo lugar el incendio y explosión de la planta formuladora de agrotóxicos de Sigma Agro, distante apenas 5 kilómetros de la ciudad bonaerense de Mercedes.

El desastre se cobró la vida de Rubén Ponce, hirió de gravedad a un integrante del cuerpo de bomberos mercedino y liberó al ambiente con consecuencias aún imposibles de delimitar millones de litros de plaguicidas en mayor medida cancerígenos.

El evento, que con justa razón los vecinos de La Verde –paraje donde se levantan estas instalaciones, ex base de procesamiento del digestivo Chofitol– y la cabecera distrital señalan como el “Chernobyl bonaerense”, transita la instancia judicial sin responsables aparentes y con un blindaje político que trasciende a los nombres de los gobiernos de turno.


En su estructura en La Verde, la firma Sigma Agro formula desde herbicidas como el glifosato, glufosinato de amonio, paraquat, 2,4-D y atrazina, hasta insecticidas como el clorpirifos, lambda y bifentrin. También procesa el fungicida qura, coadyuvantes y biodiésel.

Dos millones de litros/kilos de principios activos y agrotóxicos terminados fueron derramados en la madrugada del 27 de septiembre del año 2019. Al día de hoy ninguna remediación fue encarada, los millones de tóxicos siguen allí, intoxicando, árboles centenarios mueren envenenados y la lista de intoxicaciones se hace larga”, comentaron a quien aquí escribe desde el colectivo de vecinos afectados.

Todo indica que el desastre será mayor: las autoridades decidieron que los niños de la escuela pública rural ubicada precisamente en La Verde regresarán a clases el próximo 1° de marzo. El establecimiento se encuentra ubicado a dos cuadras del predio contaminado.

“Como si la situación no fuese lo suficientemente fuerte, el Consejo Escolar y el municipio de Mercedes reconocen como potable y apta para consumo humano el agua de esa escuela. Los vecinos no tenemos información de la calidad de agua, suelo y aire del predio de Sigma Agro. Frente a las requisitorias, los funcionarios municipales dicen que averiguaran, pero nuestros niños irán a la escuela con todas estas dudas”, añadieron las fuentes interpeladas.


En Mercedes, al igual que en América, parece que tampoco pasó nada. A excepción de la sanción simbólica, en la Argentina potencial mundial (en términos de uso de venenos para la producción de alimentos y forrajes) nadie es responsable contundente de la catástrofe ambiental que provocan los agrotóxicos.

Caja derivada del “commodity” -y los plaguicidas que se utilizan para generarlo- mata reclamo y proceso judicial. La vida de hábitats y personas, está visto que también.





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Patricio Eleisegui
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